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Sra. Silvana Canales

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 8 de mayo de 2022

El innegable éxito del negocio de las plataformas digitales de alojamiento de viviendas turísticas como Airbnb que conectan en línea al propietario de un piso con un turista que quiere alquilarlo por un corto periodo de tiempo, puede traer consigo consecuencias negativas para los vecinos, puesto que la dinámica social y vecinal puede verse afectada por el constante flujo de turistas en pisos ubicados en edificios tradicionalmente residenciales.

Si una vivienda turística alquilada por medio de Airbnb se encuentra en un área del centro de la ciudad y cuenta con una alta calificación por los usuarios de la plataforma, puede ser reservada de manera ininterrumpida por diferentes turistas todo el año, lo cual puede distorsionar o perturbar la tranquilidad de los vecinos de manera desproporcionada. Si esto ocurre, algunas medidas pueden ser tomadas para restablecer la normalidad al edificio en el que se encuentra la vivienda turística.

En Estados Unidos por ejemplo, Airbnb prohibió las party houses o casas de fiesta, en donde cada noche decenas de personas se reunían para festejar en un alojamiento reservado por medio de la plataforma, generándose ruido excesivo y disturbios en zonas residenciales, por tratarse de una multitud de personas en una celebración sin medidas de contención.

Para solventar los problemas derivados del uso continuado e indebido de una vivienda turística, los vecinos tienen la opción de contactar con las autoridades locales, especialmente en temas como la seguridad, fiestas y el exceso de ruido, pero en temas más sutiles como el correcto uso de zonas comunes y de los aparcamientos, una queja o denuncia de esta naturaleza puede no ser efectiva. También pueden intentar comunicarse de manera directa con el propietario, pero el contacto puede verse afectado si este no reside en el inmueble y puede no atender a la queja en los términos exigidos por el vecino perjudicado. Así las cosas, estos problemas pueden no tener solución de continuidad.

Para resolver todos estos inconvenientes, la plataforma Airbnb, que en principio no interviene de manera directa en el contrato de arrendamiento, ha puesto a disposición de los vecinos de las viviendas alquiladas a través de esta plataforma, un espacio en su página web (https://www.airbnb.es/neighbors), en el que el vecino que previamente ha buscado el anuncio del piso en cuestión, o que conoce que se encuentra alquilado a través de Airbnb, puede seguir un proceso en el que la plataforma, de manera gratuita, actúa como intermediario entre él y el propietario para encontrar una solución y que tal circunstancia no se repita.

Este proceso permite que personas ajenas tanto al contrato de intermediación como al de arrendamiento, como los vecinos perjudicados por quienes se alojan en la vivienda turística, puedan comunicarse vía telefónica con la plataforma si el problema es de urgente resolución o presentar una queja por escrito si se trata de un problema que no requiere asistencia inmediata. El cumplimiento de los compromisos pactados es supervisado por el equipo de Airbnb, por tanto, es indudable que esta plataforma, quiere proyectar una imagen de accesibilidad para todos los actores involucrados o afectados de alguna manera por el alojamiento turístico, con el fin de mantener su nivel reputacional intacto aunque la dinámica vecinal en ciudades con exceso de alojamientos turísticos se encuentra cuando menos alterada por las cuantiosas reservas de vivienda turística en zonas residenciales realizadas a través de la plataforma.

Dra. Maridalia Rodríguez-Padilla

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 13 de febrero de 2022

En una entrega anterior nos referimos a la ciudad equilibrada, y concluimos que para poder alcanzarla su planificación debía integrar elementos de distintos modelos urbanos. De ahí surge precisamente la iniciativa de estudiar la ciudad intermedia en la búsqueda del balance entre el espacio urbano y el natural.

La ciudad intermedia puede definirse bien siguiendo factores cuantitativos, como el número de población que la compone, menos de un millón de habitantes (Roig, 2014), o bien atendiendo a factores cualitativos como los relativos a los servicios ofrecidos (salud, educación, transporte, comercio, etc.). No obstante, para algunos autores la ciudad intermedia supera tanto el ámbito espacial como el poblacional abarcando asuntos como la gobernanza económica y el impacto medioambiental (Llop, Iglesias, Vargas, Blanc, 2019), la cual, además, se integra en un sistema de ciudades partiendo de su propia estructura social, económica y cultural (Maturana y Rojas, 2015).

La referida ciudad es un híbrido que integra lo urbano con lo rural, y suele tener capacidad, gracias a su extensión superficial, para superar los principales obstáculos de la compacidad y la difusión urbana. Es en este aspecto donde destaca la sostenibilidad de las ciudades intermedias, en las que se identifica una expansión más controlada, una densidad moderada y una mayor diversidad morfológica y tipológica respecto a su planificación urbanística (Fortuny y Peremiquel, 2020).

De acuerdo con la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias (2019), estas ciudades ofrecen importantes ventajas como: mayor aplicabilidad de la economía circular y de proximidad, mayor diversidad urbana, destacando espacios culturales menos transformados y mayores espacios verdes, distancias más cortas entre los principales equipamientos y núcleos residenciales y un importante aumento de la calidad de vida de sus habitantes a un coste inferior al de las grandes ciudades, lo que explica la recepción de una migración de tipo bidireccional (rural-urbana y urbana-rural).

De hecho, las ciudades intermedias presentan un importante crecimiento a nivel mundial superando en número a las grandes urbes (Llop, 2014) y ello supone una oportunidad para la sostenibilidad que promueven instrumentos internacionales como la Agenda de Naciones Unidas para 2030. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el conjunto de ciudades intermedias de alrededor de Barcelona acoge incluso un rango de población mayor que la propia metrópolis (INE, 2021). No obstante, el crecimiento de la población urbana mundial continúa concentrado en las grandes urbes, tanto que para 2050 más del 65% de la población mundial vivirá en grandes ciudades (Naciones Unidas, 2019).

El pronóstico anterior se mantiene a pesar de los desplazamientos urbano-rural provocados por la pandemia del Covid-19. De hecho, Naciones Unidas (2020) señala que algunas conquistas importantes relativas al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la protección de la biodiversidad y la respuesta a la crisis climática, podrían verse frustrados con una excesiva migración fuera de las ciudades. Lo anterior lleva a la inferencia de que el modelo de ciudad compacta se mantiene como opción principal para el cumplimiento de los ODS. Ahora bien, ello no excluye a las ciudades intermedias, especialmente cuando funcionan como redes policéntricas conectadas a grandes y pequeñas ciudades y siguen una planificación urbana integral.

Finalmente, la Nueva Agenda Urbana de la ONU subraya la necesidad de aplicar políticas y apoyar planes de ordenación territorial integrados, policéntricos y equilibrados, que alienten la cooperación entre ciudades de diferentes escalas, fortaleciendo la función de las ciudades de tamaños pequeño e intermedio. Sin embargo, en España tanto a nivel estatal como regional, incluida Cataluña, ya sea por razones presupuestarias o por falta de coordinación local, el desarrollo de las ciudades intermedias como estrategia para equilibrar la densidad metropolitana y el despoblamiento rural sigue siendo una asignatura pendiente a tan solo 8 años para alcanzar las metas de la Agenda 2030.

Sr. Pablo Ruiz Ozuna

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 12 de diciembre de 2022

Nos quedamos en la parte anterior con la pregunta: ¿merecen los robots tener derechos? Quizá hoy, ante la evidencia del avance de estas tecnologías, la respuesta deba ser un “tal vez”. Pensemos por un momento en una máquina que sea capaz de experimentar sensaciones y que posea sentimientos. Cabe preguntarse si es justo un trato equivalente al que propiciamos a los electrodomésticos y computadores. Si son capaces de sentir, si perciben el dolor, ¿es justo golpearlos, romperlos, maltratarlos… etc.? Incluso el mero hecho de desconectarlos (o destruirlos) si padecen durante dicho proceso, puede presentarse ante nosotros como cruel. Cada vez se asemejan más a nosotros, pueden moverse como lo haría un humano, entablan una conversación con cierta fluidez, reaccionan a nuestros gestos faciales o a nuestras emociones, etc.  Y es que, aunque hoy la posibilidad de regular la IA y los robots inteligentes se presenta como una quimera para muchos, el Derecho ha respondido ante otros escenarios que también parecían inconcebibles.

Un ejemplo lo vemos en el proceso de cambio de estatus jurídico de los animales. Antes de la reforma, el Código Civil catalán los consideraba “bienes”. Hoy, tras la reforma, en su artículo 511-1. 3º, especifica que los animales no son bienes, sino “seres dotados de sensibilidad”.  En cuando al derecho civil común, este mismo año una nueva propuesta de modificación del Código Civil ha sido registrada con éxito, sin que ningún grupo parlamentario haya manifestado su disconformidad. Se trata de la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, de 26 de marzo de 2021. En dicha propuesta, en su exposición de motivos, se afirma claramente que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, y se establecen una serie de derechos y limitaciones en el uso y disfrute de los animales de compañía. Por otro lado, la muy discutida Ley de Bienestar Animal introduce una serie de limitaciones en el tráfico y tenencia de los animales. La nueva regulación prohibirá la cría de mascotas a particulares, la compra de animales en tienda y propone la reconversión de los zoos en lugares de cría autóctona en cautividad. La cría estará exclusivamente permitida a profesionales registrados y se limitará el número de camadas dependiendo de las necesidades de núcleos zoológicos y establecimientos.

Pero no son estos los casos más novedosos y sorprendentes de reconocimiento de derechos. Como ejemplo paradigmático podemos citar el caso ecuatoriano. Y es que en su actual Constitución reconoce a La Naturaleza o Pacha Mama, como sujeto de derechos fundamentales. Por su parte, Nueva Zelanda ha dotado de personalidad jurídica a un río,el río Whanganui. Tampoco podemos olvidar las discusiones que suscitó en su día que las personas jurídicas pudieran ser responsables penalmente y que finalmente fue establecida en el artículo 31 de nuestro Código Penal.

Los cambios sociales y la necesidad nos han empujado a hacernos preguntas que creíamos ya respondidas. Hace solo unos años nadie hubiera abogado por que los animales fueran sujetos de derecho, y hoy muchas legislaciones del mundo están dando pasos en ese sentido. En un escenario como el actual con unos robots cada día más inteligentes y avanzados ¿Tan extraña resulta la idea de regular esta nueva realidad y dotar de derechos (y tal vez deberes) a los robots?

Sr. Pablo Ruiz Osuna

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 10 de octubre de 2021

Sería el matemático Alan Turing, allá por los años cincuenta, quien iniciase el campo de la inteligencia artificial (IA). Con un artículo muy provocador preguntaba abiertamente: “¿Puede una máquina pensar?”

Más de setenta años después, y tras la aparición de internet, han emergido nuevas tecnologías relacionadas directa o indirectamente con dicha tecnología que ya están cambiando nuestro mundo. Podemos hablar de los macrodatos (bBig data en inglés), los sistemas de aprendizaje profundo de los robots inteligentes, el llamado internet de las cosas, entre otros. Y es que, a diferencia de cuando Turing escribió su artículo, hoy los robots y la IA han avanzado muchísimo. Ahora los robots son capaces de escribir una novela (aún con algo de ayuda de un humano), pueden pintar un cuadro, o son capaces de aprender a jugar a juegos de cierta complejidad, como el ajedrez y el “Go”.

Conforme la IA va volviéndose más robusta y avanzada, la pregunta original de Turing sobre si una máquina puede pensar, ha cobrado más fuerza que nunca, lo que ha planteado una nueva pregunta en relación con los robots: “¿Pueden los robots tener derechos?” Sabemos que la cuestión puede parecer de ciencia ficción para el público en general, pero este interrogante ha sido tomado con mucha prudencia y seriedad por diversos organismos internacionales. Ya en el año 2018 el Parlamento Europeo redactó una resolución en la que instaba a la Comisión Europea y a los países miembros a regular la inteligencia artificial y la robótica. Proponía, entre otras medidas, la creación de una personalidad jurídica para los robots (e-persons), convencidos de que estos, con el tiempo, emularían algunas de las capacidades humanas.

Es cierto que cada vez que se ha propuesto el tema en los últimos años, ha cundido el pánico. Y es que, en nuestra “cultura pop”, la mayoría de la literatura y de las películas presentan a los robots como seres poderosos y malvados con instintos homicidas. Podemos ver ejemplos de cuanto decimos en películas como “Robocop”, “Blade Runner” o en la mítica saga de “Terminator”. En dichas adaptaciones el sujeto dotado de IA se vuelve contra su creador y lo destruye o bien lo esclaviza. Es lo que podríamos llamar el síndrome de Frankenstein, la creación que se vuelve más poderosa y se rebela contra su creador. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en muchos países como Japón, los robots inteligentes ya circulan por las calles ayudando a la policía en tareas de videovigilancia o en el cuidado de los pacientes en hospitales. ¿Merecen, pues, tener derechos?

Dra. Núria Lambea Llop

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 11 de julio de 2021

La asequibilidad es actualmente uno de los problemas principales en materia de vivienda, y mejorarla, uno de los retos en las políticas de vivienda de muchos países en la Unión Europea y a nivel internacional. Así lo destacan tanto la Nueva Agenda Urbana de la ONU (2016), como la OCDE (2016) y el Parlamento Europeo (2021), entre otros. También se encuentra en la nueva Estrategia nacional a largo plazo «España 2050» (en su 6º desafío), junto con el reto de promover un desarrollo territorial equilibrado.

Sin embargo, el concepto de asequibilidad en la vivienda no es sencillo de determinar, debido a que las fórmulas para calcularla, así como las disciplinas que la abordan varían en el tiempo. Además, en el siglo XXI este concepto ha adoptado un cariz más complejo y multidimensional. Así, además del coste de la vivienda (y de su mantenimiento), de su adecuación y el perfil e ingresos y gastos de la unidad familiar, actualmente se añaden fenómenos como la «financialización», la «gentrificación» y la «urbanización», los cuales están remodelando muchas de nuestras grandes ciudades. A nivel científico, se identifican más de treinta variables que influyen en la asequibilidad de una vivienda.  Asimismo, la sostenibilidad de la vivienda también debe tenerse en cuenta, en sus dimensiones económica, social, cultural y ambiental, incluyendo aspectos como la inclusión social, la igualdad de género, la no discriminación o la eficiencia energética. De esa forma, se pretende dar cumplimiento con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a la más reciente iniciativa de la Comisión Europea «La Nueva Bauhaus Europea».

Precisamente, la reciente publicación internacional «Concrete actions for Social and Affordable housing» (FEPS, 2021), disponible en abierto en internet, es un estudio científico que, a través del análisis objetivo de buenas prácticas (incorporando criterios como su coste, impacto real y replicabilidad) de diferentes países europeos, identifica los principales desafíos y lecciones aprendidas relacionados con la vivienda asequible y vivienda social, a la vez que propone 30 recomendaciones y soluciones a nivel local, estatal y europeo. Los tres retos más comunes identificados son el impacto del proceso de urbanización en la problemática de la asequibilidad de la vivienda, el parque de vivienda social (en cuanto a su dimensión y modelo de gestión) y la falta de adecuación de la vivienda en ámbitos como la accesibilidad universal, la rehabilitación del parque y la eficiencia energética. Y entre algunas de las lecciones aprendidas encontramos la necesidad de: conseguir un continuum funcional de tenencias de vivienda, que permita crear alternativas reales a la propiedad (ej. alquileres funcionales y tenencias intermedias); combatir los efectos negativos del fenómeno de la progresiva urbanización (inasequibilidad, escasez de vivienda, deterioro del parque, etc.) a través de distintos instrumentos que permitan aumentar la cantidad de vivienda social y asequible, que fomenten la colaboración público-privada y que promuevan la cohesión territorial; garantizar el acceso universal a la vivienda, principalmente para las personas con diversidad funcional y personas mayores; lograr objetivos de eficiencia energética; adoptar políticas y normativa coherentes y evitar «parchear» las leyes (se ha demostrado que no funciona) y fomentar la investigación sobre vivienda y recabar datos fiables, esenciales para orientar adecuadamente las políticas de vivienda.

Así, la asequibilidad y sostenibilidad de la vivienda se plantea como un reto complejo y multidimensional, que requiere de políticas coordinadas a varios niveles y de estrategias a largo plazo, en las que participen todos los agentes del sector que aborden todas las vertientes que influencian y definen estos conceptos.