Este proyecto se realiza dentro del marco de la subvención otorgada por la Generalidad de Cataluña para trabajos de investigación sobre la Administración Pública (EAPC 2013), y se justifica en la actual necesidad de un parque público de vivienda a precios asequibles, el cual es insuficiente para responder a la demanda actual (sobre todo a raíz de la crisis económica del 2007).

El estudio parte de la idea de la carencia de un sistema de gestión adecuado de la vivienda social. Así pues, lo que se pretende con este proyecto es mejorar este sistema de gestión del parque de vivienda social en Cataluña, el cual, además, se encuentra mayoritariamente en manos de entidades públicas. Los resultados del proyecto se materializarán con la elaboración de propuestas que se pueden agrupar en dos puntos generales: la creación o fomento de entidades privadas sin ánimo de lucro con objeto de aumentar su papel y peso en la creación y gestión de vivienda social, y la propuesta de diferentes actuaciones y políticas públicas necesarias para mejorar el sistema de gestión de este tipo de vivienda.

El proyecto se divide en dos líneas de estudio. La primera es analizar los sistemas de gestión de vivienda social en el Reino Unido y los Países Bajos: países con un alto porcentaje de vivienda social (un 18% y un 32% respectivamente) y con la figura de las «housing associations» (entidades privadas sin ánimo de lucro) como proveedor principal de vivienda social. La segunda, en cambio, se centra en Cataluña, donde se pretende estudiar los diferentes modelos de gestión de vivienda pública que siguen las diversas entidades públicas que se encargan de gestionar este parque. La finalidad de este estudio comparativo es extraer las principales características favorables de los sistemas legales inglés y neerlandés que sería interesante incorporar al sistema catalán, con objeto de mejorarlo, dado la reciente tendencia de varias administraciones de deshacerse de parte de este stock debido a una gestión ineficiente.

En conclusión, este proyecto de investigación analiza la necesidad de revisar el modelo de gestión pública de la vivienda social, incorporando políticas de gestión eficaces y eficientes a través de partenariados públicos-privados sin ánimo de lucro, y poniendo de relevo también la importancia de la colaboración y trabajo conjunto entre las áreas de vivienda y la de servicios sociales, pues muchos de los solicitantes de vivienda pública requieren de algún tipo de ayuda social.