Gentrificación en grandes ciudades Un obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda y la ciudad

Dra. Maridalia Rodríguez Padilla

Artículo publicado en el Diari de Tarragona en 2018

El término “gentrificación”,usado por primera vez en sociología (Glass 1964), se empleó para describir el proceso de transformación y revalorización de los barrios obreros londinenses al ser adquiridos y remodelados por la clase media de la sociedad, desplazando al proletariado. De manera concreta, el concepto se refiere a “la reconstrucción clasista del paisaje del centro urbano” (Smith 1996), que expulsa o sustituye la clase más pobre por la clase media-alta.

Estamos hablando de un proceso de “elitización residencial” (García Herrera y Díaz Rodríguez 2008), o más bien de la imposición de la clase media frete a la clase obrera, que incluso algunos prefieren llamar “centrificación”(Carrera 2010), mientras que otros se refieren a la “turificación” al identificar la presión que ejerce el turismo en el desplazo hacia las periferias de la población más débil, económicamente hablando(García Herrera 2007). Las clases más pudiente regresan a los centros urbanos, atraídos por el consumismo y la cotidianeidad mínima que ofrecen la modernización y los nuevos comercios, revalorizando estas zonas y convirtiendo las viviendas a su vez en productos de consumo favorecidos (Lefebvre 1978), inaccesibles para la clase trabajara en cualquiera de sus modalidades, compra o renta.

A primera vista, podría entenderse que el fenómeno de la “gentrificación”, lejos de dañar, beneficia la sociedad, debido a que contribuye al embellecimiento de las ciudades y la rehabilitación de las zonas deprimidas, al establecimiento de infraestructuras públicas, la creación de empleo, la descentralización de la pobreza y el aumento de las recaudaciones fiscales (Hernández Cordero 2015). Empero, en un análisis más profundo, puede encontrarse su connotación esencial y negativa, la sustitución de las clases sociales, o expulsión de la población más vulnerable (pobres, recientes emancipados e inmigrantes) fuera de las ciudades.

A la constitución de este fenómeno, sin duda, han aportado los promotores inmobiliarios, ya sea movidos por las demandas residenciales urbanas de la clase media-alta, o por la fórmula perfecta de “comprar barato igual a vender caro”, que fomentan la especulación y el encarecimiento de la vivienda (Moya González 2017). El desarrollo inmobiliario se ha concentrado en ofrecer viviendas residencial urbanas a la clase media-alta y viviendas suburbanas a la clase más pobre, construyendo ciudades privilegiadas para un grupo y guetos periféricos para el otro. Una práctica que violenta el Derecho a la ciudad de todos los ciudadanos y que a su vez embiste contra el Derechos a la vivienda. El Derecho a la ciudad “no puede confundirse con un simple derecho de visita”, pues se trata de “un Derecho a la vida urbana” (Lefebvre 1968). Las ciudades deben construirse diversificadas, albergando todo tipo de clases sociales, oportunidades sin preferencias y en las que coexistan distintas alternativas de acceso a la vivienda, sin que el turismo interfiera en lo residencial.

Barcelona no escapa de este fenómeno, incluso, junto a París, Londres y Nueva York, es una de las ciudades, mencionadas por excelencia al hablar de “gentrificación”, llegando a extenderse hacia sus municipios más cercanos y mejores conectados. Para algunos, las políticas públicas de vivienda se han centrado en incentivar las inversiones inmobiliarias de alto nivel como las Golden Visa, las SOCIMIs, la SAREB, y las reformas de la LAU (Gomà 2018), lo que ha contribuido con el crecimiento de la gentrificación; y aunque tales medidas procuran dinamizar el sector inmobiliario en buen sentido, se entienden que deben completarse u orientarse de manera que abarquen también las necesidades habitacionales actuales (viviendas accesibles).

La culpa del desarrollo de este fenómeno no debe recaer sobre la clase media-alta, sino en la falta de políticas públicas que lo controlen. Esto se debe a la escases de normativas sobre control de los precios de las viviendas (para venta o alquiler) y que velen por las ciudades diversificadas, así como por la falta de viviendas públicas o proyectos de viviendas público- privados que satisfagan las demandas de viviendas económicas.