La inteligencia artificial lo cambiará (casi) todo

Sr. Pablo Ruiz Osuna

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 10 de octubre de 2021

Sería el matemático Alan Turing, allá por los años cincuenta, quien iniciase el campo de la inteligencia artificial (IA). Con un artículo muy provocador preguntaba abiertamente: “¿Puede una máquina pensar?”

Más de setenta años después, y tras la aparición de internet, han emergido nuevas tecnologías relacionadas directa o indirectamente con dicha tecnología que ya están cambiando nuestro mundo. Podemos hablar de los macrodatos (bBig data en inglés), los sistemas de aprendizaje profundo de los robots inteligentes, el llamado internet de las cosas, entre otros. Y es que, a diferencia de cuando Turing escribió su artículo, hoy los robots y la IA han avanzado muchísimo. Ahora los robots son capaces de escribir una novela (aún con algo de ayuda de un humano), pueden pintar un cuadro, o son capaces de aprender a jugar a juegos de cierta complejidad, como el ajedrez y el “Go”.

Conforme la IA va volviéndose más robusta y avanzada, la pregunta original de Turing sobre si una máquina puede pensar, ha cobrado más fuerza que nunca, lo que ha planteado una nueva pregunta en relación con los robots: “¿Pueden los robots tener derechos?” Sabemos que la cuestión puede parecer de ciencia ficción para el público en general, pero este interrogante ha sido tomado con mucha prudencia y seriedad por diversos organismos internacionales. Ya en el año 2018 el Parlamento Europeo redactó una resolución en la que instaba a la Comisión Europea y a los países miembros a regular la inteligencia artificial y la robótica. Proponía, entre otras medidas, la creación de una personalidad jurídica para los robots (e-persons), convencidos de que estos, con el tiempo, emularían algunas de las capacidades humanas.

Es cierto que cada vez que se ha propuesto el tema en los últimos años, ha cundido el pánico. Y es que, en nuestra “cultura pop”, la mayoría de la literatura y de las películas presentan a los robots como seres poderosos y malvados con instintos homicidas. Podemos ver ejemplos de cuanto decimos en películas como “Robocop”, “Blade Runner” o en la mítica saga de “Terminator”. En dichas adaptaciones el sujeto dotado de IA se vuelve contra su creador y lo destruye o bien lo esclaviza. Es lo que podríamos llamar el síndrome de Frankenstein, la creación que se vuelve más poderosa y se rebela contra su creador. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en muchos países como Japón, los robots inteligentes ya circulan por las calles ayudando a la policía en tareas de videovigilancia o en el cuidado de los pacientes en hospitales. ¿Merecen, pues, tener derechos?

La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad

Dr. Héctor Simón Moreno

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 12 de septiembre de 2021

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 (ratificada por España en 2008) supuso un punto de inflexión en la protección de los derechos de este colectivo al proponer un sistema de asistencia a través del cual se respetase, en todo momento, la voluntad de la persona con discapacidad. Con este fin, la Convención unificaba la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, concedía amplios poderes a la persona y rechazaba el tradicional sistema tutelar en la toma de las decisiones. Estas medidas contrastaban con las existentes en el Código Civil español, como la tutela y la curatela, cuya adopción (por sentencia judicial) implicaba la incapacitación total o parcial de la persona. En este contexto, el pasado tres de septiembre entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, que buscaprecisamente adecuar el ordenamiento jurídico español a las directrices de la Convención.

Por tanto, esta reforma elimina la distinción entre capacidad jurídica y de obrar, de modo que debe garantizarse la capacidad jurídica de la persona y su ejercicio, al tiempo que se sustituye la incapacitación o la modificación de la capacidad de la persona (se suprime el estado civil de incapacitación y la tutela queda reservada para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad) por las medidas de apoyo que, en primer lugar, la persona adopte de manera voluntaria, como los poderes y mandatos preventivos y la autocuratela. En este supuesto, la persona designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. En segundo lugar y con carácter subsidiario se prevé el apoyo prestado por otras instituciones como la guarda de hecho (prestada normalmente por un familiar), el defensor judicial (para casos puntuales) y la curatela, que está pensada para los casos de necesidad de apoyo continuado y que tendrá primordialmente una naturaleza asistencial.

De este modo, la reforma tiene un impacto relevante en el ámbito personal y patrimonial de la persona con discapacidad. Así, por ejemplo, la persona podrá prestar libremente su consentimiento para concertar un préstamo hipotecario, adquirir un bien inmueble o celebrar un contrato de arrendamiento. Si fuera necesario, el guardador de hecho, previa autorización judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, podrá comparecer ante el notario para complementar su capacidad. Además, la reforma regula la continuación en el uso de la vivienda familiar de la persona con discapacidad después de alcanzar la mayoría de edad en los casos de nulidad, separación o divorcio, y permite el ejercicio de los derechos derivados de la posesión si se han establecido medidas de apoyo (por ejemplo, acciones posesorias). Con todo, la reforma podría haber incluido y potenciado la institución de la asistencia, regulada en el Código Civil de Cataluña (una norma que también deberá adaptarse necesariamente a la Convención), así como otras medidas con un enfoque comunitario para la adopción de decisiones (sobre la base del artículo 19 de la Convención).

Finalmente, la Ley 8/2021 recuerda que muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de su entorno, como sucede con las barreras físicas, que constituyen una asignatura pendiente en nuestro país dado que solo el 0,6% de los edificios son universalmente accesibles. Por tanto, todavía queda camino por recorrer para proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad.

Vivienda asequible y sostenible: un reto complejo y multidimensional

Dra. Núria Lambea Llop

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 11 de julio de 2021

La asequibilidad es actualmente uno de los problemas principales en materia de vivienda, y mejorarla, uno de los retos en las políticas de vivienda de muchos países en la Unión Europea y a nivel internacional. Así lo destacan tanto la Nueva Agenda Urbana de la ONU (2016), como la OCDE (2016) y el Parlamento Europeo (2021), entre otros. También se encuentra en la nueva Estrategia nacional a largo plazo “España 2050” (en su 6º desafío), junto con el reto de promover un desarrollo territorial equilibrado.

Sin embargo, el concepto de asequibilidad en la vivienda no es sencillo de determinar, debido a que las fórmulas para calcularla, así como las disciplinas que la abordan varían en el tiempo. Además, en el siglo XXI este concepto ha adoptado un cariz más complejo y multidimensional. Así, además del coste de la vivienda (y de su mantenimiento), de su adecuación y el perfil e ingresos y gastos de la unidad familiar, actualmente se añaden fenómenos como la “financialización”, la “gentrificación” y la “urbanización”, los cuales están remodelando muchas de nuestras grandes ciudades. A nivel científico, se identifican más de treinta variables que influyen en la asequibilidad de una vivienda.  Asimismo, la sostenibilidad de la vivienda también debe tenerse en cuenta, en sus dimensiones económica, social, cultural y ambiental, incluyendo aspectos como la inclusión social, la igualdad de género, la no discriminación o la eficiencia energética. De esa forma, se pretende dar cumplimiento con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a la más reciente iniciativa de la Comisión Europea “La Nueva Bauhaus Europea”.

Precisamente, la reciente publicación internacional Concrete actions for Social and Affordable housing(FEPS, 2021), disponible en abierto en internet, es un estudio científico que, a través del análisis objetivo de buenas prácticas (incorporando criterios como su coste, impacto real y replicabilidad) de diferentes países europeos, identifica los principales desafíos y lecciones aprendidas relacionados con la vivienda asequible y vivienda social, a la vez que propone 30 recomendaciones y soluciones a nivel local, estatal y europeo. Los tres retos más comunes identificados son el impacto del proceso de urbanización en la problemática de la asequibilidad de la vivienda, el parque de vivienda social (en cuanto a su dimensión y modelo de gestión) y la falta de adecuación de la vivienda en ámbitos como la accesibilidad universal, la rehabilitación del parque y la eficiencia energética. Y entre algunas de las lecciones aprendidas encontramos la necesidad de: conseguir un continuum funcional de tenencias de vivienda, que permita crear alternativas reales a la propiedad (ej. alquileres funcionales y tenencias intermedias); combatir los efectos negativos del fenómeno de la progresiva urbanización (inasequibilidad, escasez de vivienda, deterioro del parque, etc.) a través de distintos instrumentos que permitan aumentar la cantidad de vivienda social y asequible, que fomenten la colaboración público-privada y que promuevan la cohesión territorial; garantizar el acceso universal a la vivienda, principalmente para las personas con diversidad funcional y personas mayores; lograr objetivos de eficiencia energética; adoptar políticas y normativa coherentes y evitar “parchear” las leyes (se ha demostrado que no funciona) y fomentar la investigación sobre vivienda y recabar datos fiables, esenciales para orientar adecuadamente las políticas de vivienda.

Así, la asequibilidad y sostenibilidad de la vivienda se plantea como un reto complejo y multidimensional, que requiere de políticas coordinadas a varios niveles y de estrategias a largo plazo, en las que participen todos los agentes del sector que aborden todas las vertientes que influencian y definen estos conceptos.

La cocreación digital: el proyecto europeo SoCaTel (Horizonte2020)

Dra. Blanca Deusdad Ayala

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 13 de junio de 2021

Al comentarle a un buen amigo y antiguo político del territorio que en SoCaTel llevamos a cabo cocreación digital, me dijo: ‘pero esto de la cocreación digital, ¿qué es?’ Yo, con una sonrisa, le conteste: la cocreación digital la hemos conceptualizado y procedimentado en el proyecto europeo SoCaTel, coordinado por la URV, para poder crear virtualmente servicios de cuidados para personas mayores.

En el proyecto definimos toda cocreación como la participación de todos los agentes implicados en la coideación, codefinición, codiseño, codesarrollo y covalidación de un servicio o producto, donde se incluye, no solo el conocimiento teórico, sino también las voces desde la propia experiencia. Este proceso aporta diversidad y personalización de los servicios, es inclusivo y se adapta a las necesidades emergentes, en un proceso bottom-up.

Durante más de tres años hemos estado creando y pilotando una plataforma (web) para crear servicios de cuidados de forma virtual, a través del modelo de la cuádruple hélice, donde participan todos los agentes implicados (personas mayores; familiares cuidadores; profesionales; técnicos; empresas e investigadores/as).

Los pasos establecidos en la cocreación digital se dividen en cinco. Un paso cero, previo, donde el usuario/a puede ‘explorar’ qué temas se están cocreando sin necesidad de registrarse. El paso 1, de coideación, que consiste en exponer y debatir temas, como la necesidad de cocrear servicios para fomentar el envejecimiento en el propio hogar con dignidad. A la vez que pueden sugerir ideas (soluciones) frente a las necesidades detectadas. Las ideas más votadas pasan al paso 2, de codefinición, donde una idea selecionada, como ampliar el abanico de servicios digitales específicos para adultos mayores, se valida o no, a través de la identificación de fortalezas y de barreras que tiene dicha idea. Con la posibilidad de adoptar la perspectiva de cada uno de los agentes implicados anteriormente mencionados.

Una vez la idea se ha codefinido, se pasa al paso 3, de codiseño, del servicio para poder implementarlo. Un cuestionario inspirado en el modelo de negocios. Por ejemplo, se vota si el servicio se desarrollará desde el tercer sector o si será plenamente con financiación pública o mixta.

Seguidamente, se pasa al paso 4, de codesarrollo, donde los proveedores de servicios o emprendedores pueden proponer un primer prototipo de digitalización del servicio. Se crea una ‘mercado de competencia’ entre ellos, y a su vez, pueden preguntar a los distintos participantes sobre el diseño del servicio que realizan. Cuando el servicio está finalizado (fuera de la plataforma), se sube al paso 5 de covalidación donde los y las participantes dan su última retroalimentación para validarlo o proponer mejoras. Todo el proceso está apoyado por un facilitador.

La cocreación digital frente a formas más tradicionales permite que las personas puedan participar desde sus casas, en cualquier momento, sin necesidad de reunirse presencialmente. A la vez, puede generar un espacio de encuentro virtual, permite llegar a un mayor número de participantes de lugares diversos y ahorrar en costes. Finalmente, genera de forma ágil iniciativas emprendedoras en el ámbito social y de cuidados, dando respuesta a necesidades reales. (https://www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw).

La plataforma SoCaTel se ha cocreado y testado por un equipo interdisciplinar de científicos sociales, profesionales de servicios sociales y tecnólogos en distintos países europeos (España, Irlanda, Finlandia y Hungría). También se ha replicado en Italia (Treviso, Veneto) a través del proyecto URV-ISRAA SoCaTel Twinning. En el dramático contexto del Covid-19, la cocreación digital ha significado una herramienta positiva para hacer frente al confinamiento. Desde la URV, una spin-off puede ayudar a implementar la plataforma que es de acceso abierto y llevar a cabo la cocreación digital (www.socatel.eu).

 

 

 

La vivienda turística: de París al Delta

Sra. Silvana Canales Gutiérrez

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 23 de mayo de 2021

La violación a los derechos del consumidor, la transformación de hogares y vecindarios en zonas turísticas de manera permanente, los daños causados por los turistas a la propiedad pública, evasión fiscal y sobreturismo, son algunas de las consecuencias negativas causadas por la actividad comercial de las plataformas digitales de economía colaborativa para alquiler de vivienda turística como Airbnb y VRBO.

En los tiempos pre-COVID-19, el provecho económico que derivaba como efecto colateral de la actividad de estas plataformas se basaba en que 1/6 de ciudadanos europeos habían utilizado sus servicios y a 2020, en España, el impacto económico de la actividad de Airbnb era de 6.000 millones de euros anuales. La UE afrontaba un reto importante respecto de una de sus fuentes de autofinanciación, el turismo, que estaba siendo impulsado por las plataformas, escasamente reguladas y en una contienda poco equilibrada a nivel jurídico con los prestadores tradicionales del servicio, los hoteles.

La COVID-19 vino a cambiar este escenario y desde el año 2020, la desescalada del turismo por las medidas tomadas por la UE y el riesgo de contagio y cuarentena en un país foráneo han ralentizado el turismo de manera astronómica. La plataforma Airbnb, por ejemplo, ha declarado que se encuentra en la peor crisis financiera desde su constitución en 2008, y ha tenido que adaptarse a esta “nueva normalidad” para evitar la quiebra.

En este estado de cosas, ¿Cómo se promociona la vivienda turística si el acceso a las ciudades más turísticas está restringido? ¿Cuántas personas se plantean el reto de viajar por el territorio de la Unión alojándose en diferentes ciudades sin estar inmunizado? La respuesta puede encontrarse en una nueva forma de concebir la vivienda turística, basada en estancias cortas y cercanas al domicilio del huésped, cuyo objetivo sea diversificar las ciudades por visitar y conocer nuevos lugares que tradicionalmente no se promocionan en el top 10 de los lugares a visitar en la UE.

Las plataformas digitales en este ámbito, se han adaptado a esta nueva perspectiva de la vivienda turística y han retirado de sus páginas de inicio a Roma y París, destinos turísticos por excelencia y los han reemplazado por localidades cercanas. Así se evidencia en la plataforma Airbnb.cat, a la que, accediendo desde Tarragona, indica en su página principal destinos turísticos cercanos y el tiempo en que se tarda en llegar en coche, tales como Reus, Barcelona, el Delta de l’Ebre, Salou y Lloret de Mar. También se ofrecen escapadas rurales y experiencias en línea como actividades de cocina y manualidades.

La anterior estrategia comercial concuerda con el objetivo del Comité Europeo de las Regiones en el Dictamen “Hacia un turismo más sostenible para las ciudades y regiones de la UE”, de febrero de 2021, en el que subraya la necesidad de promover el turismo en zonas rurales para crear desarrollo económico que contribuya eventualmente a evitar la despoblación. El Dictamen afirma que el turismo debe ser concebido como parte de la solución y no del problema financiero generado por la COVID-19, siempre que su característica principal sea la sostenibilidad.

El turismo de cercanías es entonces la opción viable para el turista-consumidor de los servicios de las plataformas en estos tiempos, sin embargo, cuando se vuelva a la normalidad, ¿es deseable que los destinos de cercanías sean el producto estrella de las plataformas? ¿el provecho económico es preferible frente las consecuencias negativas del sobreturismo? Sólo el tiempo nos responderá estas preguntas, y por supuesto, el balance económico de las plataformas sobre las ganancias respecto a los anuncios del Delta frente a los de Paris en tiempos post-COVID-19.

 

 

La ciudad equilibrada

Dra. Maridalia Rodríguez Padilla

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 9 de mayo de 2021

 

Desde 2015 las principales ciudades del mundo, en su meta por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vienen atravesando un proceso de reinvención que ha impulsado el aumento de ciclovías, la peatonalización y zonas verdes multifuncionales. Desde entonces, se debate sobre cuál será el modelo urbano más efectivo para superar los principales problemas que amenazan a las ciudades en términos sociales, económicos y ambientales.

La disputa está entre la ciudad compacta, la cual se distingue por su densidad poblacional, crecimiento vertical, mezcla de usos de suelo, proximidad entre la vivienda, el trabajo, los servicios, el comercio y los centros culturales, así como por la reducción de la movilidad mecánica y la calidad de los equipamientos urbanos. Y la ciudad difusa o extendida, caracterizada por su crecimiento horizontal, suelo especializado, descentralización urbana, espacios verdes, así como baja densidad y edificabilidad.

Ambos modelos presentan elementos positivos y negativos, por lo que conviene revisar las consecuencias de decantarse por uno u otro de manera absoluta. Por ejemplo, las ciudades compactas pueden generar discriminación urbana (expulsión de los que menos tienen), congestión, polución, hacinamiento y presión en los servicios esenciales. Asimismo, las ciudades difusas amenazan al medio ambiente por su alto consumo de suelo y energía, mayores desplazamientos y falta de cohesión social. Además, las problemáticas de ambos modelos pueden desembocar en la violación del derecho a la ciudad, o sea, el tener la posibilidad a acceder a todo lo que la ciudad a uno le pueda ofrecer.

A pesar de ello, el modelo de ciudad compacta se presenta como la opción más sostenible en lo ambiental y social, especialmente ante el pronóstico de la ONU de una población urbana mundial del 68% para 2050, así como atendiendo a las recomendaciones de la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) de limitar la expansión de las ciudades y optar por el diseño urbano compacto e integrado.

De hecho, respecto a Tarragona, el Arq. Eric Casanovas, en su artículo de opinión para este mismo periódico del 27-4-2021, ha destacado la necesidad de redensificar la ciudad acogiéndose a la compacidad urbana por su capacidad para solucionar problemas medioambientales, de descentralización y encarecimiento de la vivienda, proponiendo aprovechar viviendas de grandes dimensiones para alcanzar doblar el parque residencial sin incrementar el suelo urbano. Ahora bien, para alcanzar dichas ciudades sostenibles, también se han de tener en cuenta los referidos problemas que derivan de la alta densidad, la necesidad de disponer de espacios verdes, así como las debilidades presupuestarias de las entidades públicas, además de la necesidad de preservación de los derechos privados (por ejemplo, no pueden dividirse casas, así como así).

Por lo tanto, para alcanzar la ciudad equilibrada, será necesaria la adopción de medidas de limitación del crecimiento urbano, la integración de espacios verdes, contando con la iniciativa privada, de manera que el suelo liberado por el diseño compacto, debería cubrir no solo la función de vivienda, sino también la de recreo, trabajo y circulación, como ha referido Noguera (2018) al tratar la ciudad moderna. De lo contrario, las personas volverían a huir a una nueva periferia. En este sentido, algunas ciudades empiezan a implementar programas de reorganización policéntrica para la construcción de la ciudad compacta, basados en la proximidad de los centros económicos, residenciales y sociales, andando o en bicicleta, como París con “la ciudad de 15 minutos”.

De manera que, en mi opinión, el debate no debe ser entre un modelo urbano u otro, sino entre las posibles estrategias con las que se podrá lograr un equilibro entre el espacio urbano y el natural.

Los hogares compartidos y el impuesto turístico

Dra. Milenka Villca Pozo

Artículo Publicado en el Diari de Tarragona el 11 de abril de 2021

La irrupción y el perfeccionamiento de las tecnologías digitales, como sabemos, ha favorecido la introducción de nuevos modelos de negocio, como el conocido alquiler vacacional que brindan los propietarios particulares a través de famosas plataformas como Airbnb, homeaway, wimdu, homestay y similares.

Este tipo de alquiler, desde el ámbito tributario, ha mostrado la necesidad de mejorar el control y recaudación de uno de los tributos propios de Cataluña e Islas Baleares como es el Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (IEET). Este impuesto, conocido comúnmente como “tasa turística”, grava las estancias en hoteles, alojamientos, campings y otros establecimientos turísticos, y también tiene alcancesobre las estancias de corta duración en viviendas de uso turístico o vacacional situados en dichas Comunidades Autónomas. Para mejorar su control y exigencia en Cataluña, mediante el Decreto 75/2020 se estableció la nueva figura de los “hogares compartidos”.

¿Y qué es un hogar compartido? Es la vivienda principal de la persona titular que comparte el servicio de alojamiento con terceras personas a cambio de una contraprestación económica y para una estancia de temporada, sin que la primera deje de residir en la vivienda mientras dura la estancia. De manera que, a partir del 6 de agosto de 2021, los propietarios que deseen alquilar habitaciones de su domicilio particular, aunque no sean empresarios, deberán presentar la comunicación previa de inicio de actividad ante el Ayuntamiento del municipio en el que se ubique su vivienda. El Ayuntamiento debe comunicar al Registro de Turismo de Cataluña las altas y bajas de la actividad.

De esta nueva medida cabe destacar que los propietarios de los hogares compartidos, como titulares de la actividad, tendrán la condición de sustituto del contribuyente a fines del IEET. Es decir que, por mandato de la ley, deberán cobrar la cuota del IEET a los turistas que realicen la estancia en su hogar e ingresarlo a la Administración tributaria. Junto a ello habrán de cumplir, como es lógico, con todas las obligaciones formales establecidas para el IEET como es, por ejemplo, la presentación de los formularios telemáticos y conservación de documentación acreditativa de las exenciones aplicadas. La norma técnicamente ha establecido al sustituto del contribuyente como el mecanismo principal para el control del pago del IEET por el huésped, de modo que al recaer esta condición en el titular del hogar compartido se asegura su cobro e ingreso a la Administración tributaria.

A diferencia de Cataluña, en Islas Baleares, pese a que la Ley 6/2017 legalizó el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares y plurifamiliares de uso residencial que cuentan con la debida autorización, los propietarios de estas viviendas no tienen la consideración de sustitutos del contribuyente, como sucede con los propietarios de los hogares compartidos catalanes, salvo que inicien la actividad como empresarios autónomos.

Como vemos, se trata de diferencias notables y solo con el paso de los años veremos cómo evolucionan los hogares compartidos, los aciertos y desaciertos de su regulación.

La vivienda de los mayores frente al Covid-19

Dra. Blanca Deusdad Ayala

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 14 de marzo de 2021

En el marco de los webinarios organizados por la European Newtwork for Housing Research (ENHR) sobre cómo el Covid-19 ha afectado la vivienda, el grupo de trabajo sobre personas mayores organizamos un webinario sobre cómo el Covid-19 ha afectado los mayores y sus viviendas con comunicaciones de Nueva Zelanda, Japón, Finlandia, Suecia y España.

Fueron distintos los temas que nos sorprendieron, como por ejemplo,  como las medidas en Nueva Zelanda que incluían incluso herramientas de móvil para la trazabilidad. Sin embargo, también las condiciones de las viviendas afectaron los adultos mayores en este país; la falta de espacio y privacidad derivadas de la necesidad de trasladarse a vivir con familiares y, sobre todo, se acentuó la situación de inseguridad y desprotección legal del colectivo de inquilinos.

En Japón la salud física y mental de las personas mayores que vivían en residencias se vio afectada a raíz del confinamiento. La pérdida de los hábitos cotidianos, como levantarse, cambiarse de ropa, salir de la habitación o las duchas dejaron de hacerse. Sin embargo, las conversaciones entre residentes aumentaron, lo que ayudó a disminuir los niveles de estrés.

En todos los países surgió el tema de la soledad de los adultos mayores, sorprendió como diferencia cultural, entre los países nórdicos y el sur de Europa, el hecho que en Finlandia los adultos mayores afirmaban tener la percepción que la vida no les había cambiado, ya que continuaban viviendo aislados y llevando la misma vida sin contactos personales y con distancia social como antes.

Una de las conclusiones del webinario fue cómo las condiciones de la vivienda influyeron en un mayor o menor contagio de los mayores y en su bienestar a pesar de la pandemia. En los estudios suecos se destacó cómo las casas multigeracionales favorecían el contagio al convivir con personas que salían a trabajar. Las residencias de mayores fueron también uno de los focos de mayor contagio  debido a la  fragilidad de los propios residentes y también la falta de espacio en los edificios. Ello se destacó como un elemento que ha afectado a toda Europa, en especial en aquellos centros donde  los espacios comunes de convivencia son pequeños. En España y Cataluña incluso se comparten habitaciones y el sistema integral de cuidados no está suficientemente desarrollado e implantado.

Un elemento común positivo y esperanzador en todos los casos analizados es la respuesta solidaria de la sociedad civil, tanto a través de las organizaciones del tercer sector, como de organizaciones ciudadanas más informales. El ‘espíritu de ayuda’ y resiliencia de los mayores que destacaban en Japón o los ositos gigantes que ponían en las ventanas en Nueva Zelanda para saludar a las personas mayores que salían a la calle a dar pequeños paseos, para decirles de forma simpática que no estaban solos.

A grandes trazos podemos concluir que las condiciones previas que afectaban a las  viviendas, como las condiciones de ‘no espacio’ y hacinamiento o unos sistemas débiles de protección en el arrendamiento se han acentuado con la pandemia junto con las desigualdades sociales. También la soledad ya existente entre los mayores se ha exacerbado y aquellos países donde culturalmente el acercamiento social, el abrazo, el roce es mayor se han visto más afectados por la pandemia, junto a unos Estados de bienestar y sistemas de cuidados cada vez más precarios. A pesar de todo, un elemento de esperanza surgió en todas las presentaciones desde Oceanía, Asia y Europa: la pandemia también ha generado muestras de solidaridad hacia los mayores con el objetivo de poder al menos aliviar sus efectos. Esperemos que ello no sea solo una golondrina de verano y el debate social y la solidaridad ciudadana continúen.

IBI y las viviendas alquiladas

Dra. Estela Rivas Nieto

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 14 de febrero de 2021

Desde el año 2020 los Ayuntamientos pueden crear una bonificación en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para rebajarlo en aquellas viviendas que se encuentren alquiladas. En concreto, el art. 74.6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (norma estatal) indica que los Ayuntamientos, mediante su ordenanza fiscal, podrán establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota íntegra para “los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.”
Se trata de una bonificación potestativa, es decir, voluntaria que los Ayuntamientos pueden incorporar o no. La finalidad de dicha medida es fomentar que aquellos propietarios que tengan bienes inmuebles alquilados para vivienda (uso residencial) puedan ver reducida su cuota del IBI si el alquiler que realizan es con renta limitada por una norma jurídica. En el caso concreto de Cataluña se refiere al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que se aplica a los municipios que son considerados como áreas con mercado de vivienda tenso y que se puede consultar en abierto en la página de la Agència de l’habitatge de Catalunya. Se trata de un indicador que determina la estimación del precio medio del metro cuadrado de alquiler de las viviendas en función de la zona donde estén ubicadas y sus características (año de construcción, planta, estado de mantenimiento, ascensor, muebles, etc.).
Si analizamos las Ordenanzas Fiscales de los Ayuntamientos de nuestra provincia, considerados como municipios con áreas de vivienda tensa (Tarragona, Reus, Salou, Calafell, Tortosa) nos damos cuenta que ninguno tiene regulada esta bonificación. El Vendrell tampoco la tiene y lo argumenta en el preámbulo de su ordenanza fiscal considerando que dicha bonificación está más encaminada a los centros de las grandes ciudades y que es una medida poco efectiva en su municipio.
Sin embargo, si consultamos todas ordenanzas fiscales de los 61 municipios que nos marca la normativa como áreas con mercado de vivienda tenso, observamos que la regulan de dos formas:
Primera. Municipios que regulan la bonificación en los mismos términos que la normativa estatal, es decir, para el alquiler “genérico” sin distinción: Castelldefels la regula al 30% y para 5 años consecutivos; Santa Coloma de Gramenet y Sitges al 95% y Santa Perpètua de Mogoda al 50% (como máximo para 5 años).
Segunda. Municipios que indican que la bonificación solamente se aplica para el alquiler social, por ejemplo, Barberà del Vallès al 95%. Aquí encontramos dos situaciones:
– Incluyendo también las viviendas de inserción y viviendas de protección oficial en alquiler: a título de ejemplo son Castellar del Vallès y Vilassar de Mar al 95%; Premià de Mar, Manlleu, Montgat, Sant Feliu de Llobregat y Vilafranca del Penedés todas al 50%; y Sant Andreu de la Barca al 30%.
– Municipios que lo limitan a los bienes inscritos, gestionados o cedidos en el programa o la bolsa de mediación de alquiler social (del Ayuntamiento, de la empresa municipal, del Consell Comarcal o de l’Agència de l’Habitatge): por ejemplo Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Sant Peres de Ribes y Olot (solamente lo aplican a los bienes que son propiedad de una administración pública) todas al 95%; Cerdanyola del Vallés, Ripollet i Vilanova i la Geltrú al 80%; Granollers al 50%, con el límite de 300 euros; Lleida al 80% y añade que estén al corriente del pago de la cuotas de la comunidad de propietarios; Molins de Rei determina varios porcentajes de bonificación en función del plazo de tiempo que el bien esté alquilado y el de su precio (60% al 100%) y dicho porcentaje es del 100% cuando la vivienda se cede al Ayuntamiento para vivienda social y de emergencia; Mataró determina el porcentaje en función del tiempo que el bien está en la bolsa (entre 25% y 70%); Palafrugrell al 50% y lo amplía a las viviendas dotacionales que realicen alquiler de gente mayor; El Prat del Llobregat al 95% e incluso abarca la cesión social de viviendas con la Fundación Hábitat 3; Rubí al 60% con el límite de 250 euros; y Salt al 50% e incluso también incluye el alquiler de estudiantes universitarios o de ciclos formativos de grado superior.
En resumen, de los 61 municipios que son considerados áreas con mercado de vivienda tenso, solamente 30 lo regulan ciñéndolo más bien al alquiler social con distintos porcentajes de bonificación. Habrá que ver la evolución para saber si es una medida positiva para mejorar el alquiler, ya que solamente lleva dos años en vigor.

La mediación en tiempos de pandemia

Sra. Emma López  Solé

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el día 24 de enero de 2021

A consecuencia del parón judicial que ha habido en nuestro país a raíz del COVID-19, se ha incrementado aún más el nivel de colapso de los juzgados. Según datos del TSJC la actividad judicial disminuyó un 87% la primera semana de confinamiento y un 93%, la segunda.

A los temas que ya estaban en trámite, se han sumado los procedimientos surgidos a consecuencia de la propia crisis sanitaria y del impacto de las medidas socioeconómicas que se han ido tomando para intentar paliarla.

La declaración del estado de alarma por el RD 463/2020, de 14 de marzo supuso la paralización de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, salvo en unas pocas materias que fueron calificadas como esenciales. Para las parejas que buscan divorciarse o separarse o ajustar sus términos, la capacidad limitada de emprender acciones judiciales sobre asuntos “no esenciales” puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Además muchas personas se han visto obligadas a trabajar desde casa, hecho que ha afectado a su capacidad para conciliar las necesidades de sus hijos y familiares dependientes con las nuevas dinámicas laborales, lo que ha provocado que nazcan nuevos conflictos.

Ante esta situación la mediación se alza como una alternativa adecuada, ya que se trata de un proceso muy adaptable, menos costoso y eficiente en el tiempo para resolver disputas, particularmente aquellas en las que existe una relación continuada entre las partes en conflicto. Y, en la época de COVID-19, la mediación, en particular, aquella mediación que se desarrolla mediante medios telemáticos, es especialmente relevante como una alternativa eficaz al litigio porque nos permite gestionar el conflicto de manera virtual, sin mantener sesiones presenciales, manteniendo el distanciamiento social requerido por las autoridades sanitarias.

El proceso de mediación vía medios tecnológicos requiere de unos conocimientos específicos para garantizar que el vínculo de confianza entre las partes y el mediador y el nivel de comunicación sea lo suficientemente efectivo entre las partes para que estas pueden llegar a una conclusión mediada que sea beneficiosa para todos los involucrados. El punto de partida de todo proceso de mediación es la promoción de una comunicación abierta entre las partes que incorpore un diálogo colaborativo. En mediación, las personas pueden contemplar hacer concesiones desde la escucha activa de todas las posiciones y circunstancias que les atañen, dándole a la otra parte algo de tiempo y espacio para cumplir con sus obligaciones contribuyendo de esta manera a fomentar la cohesión social y evitar la crispación y la escalada del conflicto entre las partes.

Y parece que nuestros gobiernos han tomado nota. Así, el Centro de Mediación del Departamento de Justicia de Cataluña puso en marcha el un programa específico de mediación, que tiene por objeto los conflictos familiares ocurridos durante la pandemia, Estos procesos de mediación deben desarrollarse por vía telemática.

En el mismo sentido, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 16 de junio de 2020 su propuesta de “Plan de Choque en la Administración de Justicia tras el Estado de Alarma” que recoge como uno de sus ejes de actuación el establecimiento de medidas sobre solución extrajudicial de conflictos. Además, y más allá de la gestión del colapso judicial a raíz de la pandemia, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre el anteproyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que dice que en asuntos civiles y mercantiles será preceptivo adjuntar a la demanda el documento que acredite haber intentado una negociación previa a la vía judicial.

Por todo lo dicho, entendemos que la medición es un método idóneo de resolución de conflictos más allá de los conflictos, situaciones y necesidades de gestión que se hayan podido crear a raíz de la pandemia, y lo es por su alta flexibilidad y posibilidades de adaptación distintos tipos de asuntos, a múltiples medios tecnológicos y a las necesidades específicas de las partes en conflicto.