La hipoteca inversa y el estado del bienestar

Dr. Héctor Simón Moreno

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 1 de diciembre de 2016

 

La finalidad de la hipoteca inversa -regulada en España desde 2007- es la transformación de la vivienda habitual en dinero mediante un préstamo o crédito hipotecario. Así, una persona de edad igual o superior a los 65 años o afectada de dependencia puede hipotecar su vivienda –sin perder la propiedad- y percibir unas rentas –usualmente periódicas- hasta su fallecimiento, momento en el que dichas rentas serán exigibles a los herederos. La comercialización de hipotecas inversas se ha visto resentida por la crisis económica, pero el interés por este producto puede resurgir en el actual contexto socio-económico: según las estimaciones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agotará a finales de 2017, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre la principal fuente de ingresos de los pensionistas.

Esta situación puede abocarles a la constitución de hipotecas inversas para complementar sus ingresos -–el 90% son propietarios de viviendas, la mayoría libre de cargas-. Ciertamente, la hipoteca inversa ayuda a reducir el riesgo de pobreza de este segmento de la población, pero estos beneficios no deben esconder sus peligros subyacentes. Primero, la subsistencia del préstamo o crédito hipotecario si los herederos deciden aceptar la herencia –volviendo a empezar de esta forma el ciclo de vida de la hipoteca- o, en el peor de los casos, la despatrimonalización del beneficiario de las rentas en perjuicio de sus herederos –si no desean hacer frente a la deuda pendiente-, lo que podría ir en contra de la solidaridad intergeneracional entre padres e hijos, es decir, de la voluntad de legar el patrimonio familiar a los hijos (cabe preguntarse, sin embargo, si dicha solidaridad sigue plenamente vigente atendiendo a la realidad social, por ejemplo a los nuevos modelos de familia). Segundo, los altos costes de contratación, principalmente el seguro de renta vitalicia diferida y el tipo de interés –que al acumularse al capital dispuesto cada vez que se devenga provoca un aumento rápido de la deuda-. Y tercero, la posible vinculación entre la propiedad inmueble y la exclusión de la percepción de ayudas y subsidios públicos, lo que implicaría que los ciudadanos deberían costear su propio bienestar. Este rol de la vivienda en propiedad se defiende por el discurso neoliberal del siglo XXI, en cuya virtud la riqueza inmobiliaria debe tratarse como un activode inversión que debe ser amortizado por el propietario en vida.

 En España no encontramos una estrategia global que defienda este rol de la vivienda en propiedad (¿no es, sin embargo, la propia regulación de la hipoteca inversa un indicativo de las pretensiones de los poderes públicos?), que sólo tiene lugar en supuestos específicos. Por ejemplo, la vivienda habitual se tiene en cuenta para el cálculo de la financiación que aporta el beneficiario cuando la prestación que reciba sea de atención residencial a través de la Red de Servicios Sociales Pública. Además, algunos pronunciamientos jurisprudenciales o bien han privado de prestaciones no contributivas a quienes ya percibían rentas provenientes de hipotecas inversas (¿es justo que las rentas –que constituyen un préstamo o crédito, recordemos- deban computar como si fueran ingresos del trabajo?), o bien las tienen en cuenta para calcular el montante de prestaciones compensatorias en caso de nulidad, separación o divorcio o para admitir o denegar la obligación recíproca de alimentos entre parientes cercanos. Habrá que estar atentos a las modificaciones legislativas venideras y al rol que desempeñan los mecanismos de financiación privada -como la hipoteca inversa- en el mantenimiento del Estado del Bienestar.

El project monitoring inmobiliario

Dra. Maridalia Rodríguez

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 8 de septiembre de 2019

Tras la crisis inmobiliaria española de inicios del año 2008, las entidades financieras, promotores e inversores inmobiliarios han ido adoptando un compendio de medidas para asegurar el buen desarrollo de los proyectos inmobiliarios a los que aporten financiación. Dentro de estas medidas destaca el project monitoring, una herramienta que permite conocer de manera previa la viabilidad de los proyectos inmobiliarios, así como aplicar determinados controles en su desarrollo. Se trata de un contrato de servicios, generalmente tripartito, entre el cliente o promotor, la entidad bancaria o financiera y un consultor profesional independiente que se compromete a velar por el cumplimiento de las distintas fases del proceso de construcción conforme a lo establecido en el acuerdo.

La implementación de estos contratos se ampara en la necesidad de atender de manera eficiente los complejos y numerosos requerimientos administrativos para la construcción de un proyecto inmobiliario y, especialmente, cuando se trata de proyectos de vivienda. Los expertos que ofrecen los servicios de monitorización de la obra velarán por el cumplimiento de las regulaciones, los controles de seguridad, los valores financiados y el capital aportado, de manera que los desembolsos del capital del proyecto se hagan conforme a los avances de la obra y pueda garantizarse su terminación en el plazo previamente determinado.

Puede contratarse un project monitoring para el desarrollo de toda la obra o para determinadas fases, como lo son: la de pre-construcción, en la que se emiten evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas sobre los riesgos del proyecto; la de construcción, en la que se monitoriza el desarrollo de la obra conforme a una determinada planificación; y la de entrega del proyecto, donde se brindan servicios de seguimiento de entrega y liquidación de la obra. En sentido general, se procura garantizar el destino de los fondos, evitando su desviación y poder asegurar a los inversores, financiadores o posibles compradores un plazo estimado máximo para la terminación de la obra.

Esta medida podría compararse con el fideicomiso inmobiliario, una institución sin presencia en el ordenamiento español, en la que una entidad especializada administra un determinado patrimonio para el desarrollo de una promoción inmobiliaria, que también puede contratarse para determinadas fases del proyecto. Podría entenderse que aun sin tratarse de lo mismo, pues en el project monitoring no se administra el capital destinado al desarrollo de la obra, sino que se limita a auditar su desarrollo conforme a los desembolsos previos, comparten el objetivo de asegurar el capital invertido o la financiación otorgada por vía e la monitorización del desarrollo del proyecto.

Entendemos la práctica del project monitoring como una respuesta alternativa a la forzosa ausencia (a falta de ley) de entidades fiduciarias que administren y monitoricen los fondos destinados al desarrollo de proyectos inmobiliarios en España. Además, aunque llegase a regularse la figura del fideicomiso en la legislación española, la existencia de los contratos de project monitoring se considerarían como un plus para la buena gestión fiduciaria debido a la cualificación profesional de quienes brindan actualmente estos servicios de monitorización. Podría calificarse de positiva la referida combinación para el mercado inmobiliario debido a la seguridad ofrecida a los actores inmobiliarios, impulsando un mercado colaborativo que ofrezca mejores ofertas y oportunidades de inversión.

 

 

Comprar o alquilar una vivienda. ¡Qué gran dilema!

Dra. Maridalia Rodríguez

Publicado en el Diari de Tarragona el 11 de febrero de 2018

La vivienda es un derecho esencial para el desarrollo pleno del ser humano en sociedad. No obstante al tratarse de un bien costoso, se ha convertido en un derecho meramente formal, que los Estados no han logrado asegurar. Lo que ha dado lugar a que la mayoría de las personas procuren su efectividad de manera privada, por lo que optan por la compra de la vivienda aunque esto suponga un sobreendeudamiento familiar.

Se ha ido creando una cultura de preferencia de compra frente al alquiler, y la creencia de que las necesidades habitaciones se satisfacen únicamente con la propiedad absoluta y plena de las unidades de forma inmediata. Con esto no se pretende señalar que la opción de la compra inmediata sea una mala idea, sino que no es la única opción para hacer frente a las necesidades habitaciones y que deben sopesarse las situaciones económicas, sociales y laborales de quienes demandan la vivienda, diversificando el acceso a la misma.

En este sentido será preciso, además, resaltar que dentro de las principales razones por las que se tiende a descartar el alquilar es debido a que en la mayoría de los casos resulta, a los ojos de muchos, igual de costoso o más que el hacer frente a una cuota mensual de un préstamo hipotecario, por lo que se considera tirar el dinero, sin entrar en detalles de costos reales, además de resaltar sus limitaciones y las marcadas exigencias de los arrendadores a razón de las normativas que rigen la materia.

El mercado de alquiler debe considerarse para el desarrollo de un sistema de vivienda sostenible, integral y próspero, sobre todo cuando la sociedad se enfrenta a la imposibilidad de la adquisición de la vivienda en propiedad. Es por lo que fortalecer este mercado podría ampliar las opciones habitacionales para los hogares necesitados de vivienda. Por lo que se apela a un fortalecimiento de las normas de alquiler e incentivo a la inversión en este mercado.

Al respecto muchos se cuestionan, entonces, ¿cuál es la acción correcta a la hora de elegir entre comprar o alquilar una vivienda? Pero la verdad es que no se podría dar como correcta una u otra, sin antes evaluar la situación particular de quien escogen entre ambas opciones. Es por lo que el Estado debe asegurar que se proporcione un parque habitacional equilibrado que satisfaga ambos requerimientos; así como brindar subsidios e incentivos al alquiler destinados a los más necesitados.

Lo cierto es que no para todos resultará una buena elección comprar y de igual modo no para todos resultará una buena inversión rentar y más cuando se dispone de instrumentos jurídicos propios para la adquisición de una vivienda. Tal es el caso de la propiedad compartida y de la propiedad temporal, figuras intermedias entre la propiedad absoluta y el alquiler limitado, que ha introducido la Ley 19/2015 al Código Civil de Cataluña.

La primera permite el acceso a la propiedad de la vivienda de manera gradual, de forma que el comprador puede adquirir una proporción de la vivienda; actuado como propietario absoluto de su parte e inquilino del resto. La segunda permite el acceso a la vivienda por un determinado tiempo, pudiendo cederse la propiedad absoluta en un espacio de hasta noventa y nueve (99) años. Del mismo modo las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, SOCIMIS, podrían resultar estructuras capaces para el desarrollo de proyectos habitacionales económicos, si se configurasen con un objetivo de conseguir vivienda asequible.

De lo anterior se extrae que no puede existir una respuesta absoluta respecto a cuál es la mejor opción al momento de acceder a la vivienda, pues al disponer de una amplia gama de instrumentos y posibilidades, será mejor plantearse cuál de las opciones del mercado convienen más, en el momento de dicho planteamiento.

Gentrificación en grandes ciudades Un obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda y la ciudad

Dra. Maridalia Rodríguez Padilla

Artículo publicado en el Diari de Tarragona en 2018

El término “gentrificación”,usado por primera vez en sociología (Glass 1964), se empleó para describir el proceso de transformación y revalorización de los barrios obreros londinenses al ser adquiridos y remodelados por la clase media de la sociedad, desplazando al proletariado. De manera concreta, el concepto se refiere a “la reconstrucción clasista del paisaje del centro urbano” (Smith 1996), que expulsa o sustituye la clase más pobre por la clase media-alta.

Estamos hablando de un proceso de “elitización residencial” (García Herrera y Díaz Rodríguez 2008), o más bien de la imposición de la clase media frete a la clase obrera, que incluso algunos prefieren llamar “centrificación”(Carrera 2010), mientras que otros se refieren a la “turificación” al identificar la presión que ejerce el turismo en el desplazo hacia las periferias de la población más débil, económicamente hablando(García Herrera 2007). Las clases más pudiente regresan a los centros urbanos, atraídos por el consumismo y la cotidianeidad mínima que ofrecen la modernización y los nuevos comercios, revalorizando estas zonas y convirtiendo las viviendas a su vez en productos de consumo favorecidos (Lefebvre 1978), inaccesibles para la clase trabajara en cualquiera de sus modalidades, compra o renta.

A primera vista, podría entenderse que el fenómeno de la “gentrificación”, lejos de dañar, beneficia la sociedad, debido a que contribuye al embellecimiento de las ciudades y la rehabilitación de las zonas deprimidas, al establecimiento de infraestructuras públicas, la creación de empleo, la descentralización de la pobreza y el aumento de las recaudaciones fiscales (Hernández Cordero 2015). Empero, en un análisis más profundo, puede encontrarse su connotación esencial y negativa, la sustitución de las clases sociales, o expulsión de la población más vulnerable (pobres, recientes emancipados e inmigrantes) fuera de las ciudades.

A la constitución de este fenómeno, sin duda, han aportado los promotores inmobiliarios, ya sea movidos por las demandas residenciales urbanas de la clase media-alta, o por la fórmula perfecta de “comprar barato igual a vender caro”, que fomentan la especulación y el encarecimiento de la vivienda (Moya González 2017). El desarrollo inmobiliario se ha concentrado en ofrecer viviendas residencial urbanas a la clase media-alta y viviendas suburbanas a la clase más pobre, construyendo ciudades privilegiadas para un grupo y guetos periféricos para el otro. Una práctica que violenta el Derecho a la ciudad de todos los ciudadanos y que a su vez embiste contra el Derechos a la vivienda. El Derecho a la ciudad “no puede confundirse con un simple derecho de visita”, pues se trata de “un Derecho a la vida urbana” (Lefebvre 1968). Las ciudades deben construirse diversificadas, albergando todo tipo de clases sociales, oportunidades sin preferencias y en las que coexistan distintas alternativas de acceso a la vivienda, sin que el turismo interfiera en lo residencial.

Barcelona no escapa de este fenómeno, incluso, junto a París, Londres y Nueva York, es una de las ciudades, mencionadas por excelencia al hablar de “gentrificación”, llegando a extenderse hacia sus municipios más cercanos y mejores conectados. Para algunos, las políticas públicas de vivienda se han centrado en incentivar las inversiones inmobiliarias de alto nivel como las Golden Visa, las SOCIMIs, la SAREB, y las reformas de la LAU (Gomà 2018), lo que ha contribuido con el crecimiento de la gentrificación; y aunque tales medidas procuran dinamizar el sector inmobiliario en buen sentido, se entienden que deben completarse u orientarse de manera que abarquen también las necesidades habitacionales actuales (viviendas accesibles).

La culpa del desarrollo de este fenómeno no debe recaer sobre la clase media-alta, sino en la falta de políticas públicas que lo controlen. Esto se debe a la escases de normativas sobre control de los precios de las viviendas (para venta o alquiler) y que velen por las ciudades diversificadas, así como por la falta de viviendas públicas o proyectos de viviendas público- privados que satisfagan las demandas de viviendas económicas.

Las golden visa y los impuestos

Dra. Diana Marín Consarnau y Dra. Estela Rivas Nieto

Artículo publicado en el Diari de Tarragona en 2018

La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introdujo en España lo que comúnmente se conoce como el “régimen de las Golden visa”, creándose una nueva tipología de visados y autorizaciones de residencia para inversores. A través de esta norma, se posibilita, entre otros supuestos, que los extranjeros extracomunitarios que adquieran bienes inmuebles en España (no necesariamente una vivienda), por un valor igual o superior a 500.000 € libre de cargas y gravámenes, puedan solicitar el visado y/o una autorización de residencia para inversores, que conlleva, además, una autorización para trabajar y la posibilidad de la reagrupación rápida de los familiares.

Lo que caracteriza a este tipo de visados y autorizaciones de residencia es la agilidad en la tramitación, períodos más largos del permiso para residir y la no obligatoriedad de permanencia en España para mantener la condición administrativa de extranjero residente.  A cambio de captar inversión inmobiliaria se ofrecen unos plazos administrativos más cortos para la resolución de las solicitudes de los interesados y unos efectos del silencio administrativo con carácter positivo, que se diferencian sustancialmente del régimen previsto para cualquier otro extranjero que no sea inversor a efectos de la Ley de emprendedores y su internacionalización o que tampoco sea ciudadano de la Unión o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (estos dos últimos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley porque para ellos rige el régimen de extranjería UE de libre circulación). En otras palabras, se trata de condiciones mucho más flexibles y favorables que las previstas en la normativa de extranjería, que pretenden atraer capital a la inversión inmobiliaria, especialmente referida a la destinada al turismo residencial.

Pero ¿quiénes son los extranjeros que más compran? Si analizamos los números de compra-venta de bienes inmuebles desde 2013 por parte de extranjeros, que proporciona la estadística registral inmobiliaria, observamos que el mayor número de compradores son los ciudadanos del Reino Unido, a los que de momento no se les aplica la ley, aunque habrá que esperar a la aplicación del Brexit para ver cómo evoluciona.

¿Y qué ocurre pues con los visados y/o autorizaciones de residencia para inversores en inmuebles de estas características? Por el momento, los nacionales de China y Rusia, según datos del Observatorio permanente de la inmigración, son los colectivos de extranjeros que en mayor medida se están acogiendo a este programa de Golden visa. Pero esto tampoco quiere decir que hayan aumentado significativamente el volumen de inversiones inmobiliarias en estos umbrales; los datos de la estadística registral inmobiliaria de 2017 nos muestran también que los ciudadanos de la Unión, a los que no se les aplica esta Ley, son los que más invierten por estos valores y no los extracomunitarios: el 62,47% de la compra por parte de ciudadanos de la UE frente a un 37,53% del resto.

Ello nos lleva a reflexionar sobre si el incentivo de los visados y los permisos de residencia son suficientes para que un extranjero decida invertir su dinero en inmuebles en España. El programa de Golden visa se traduce en un documento o un permiso administrativo para residir en nuestro territorio, pero no tiene una traslación tributaria automática, sino que a efectos impositivos, los inversores pueden residir en territorio español y ser contribuyentes por el IRPF; pueden ser no residentes y, por lo tanto, contribuyentes por el Impuesto a la Renta de no residentes ya que tienen la propiedad de un bien inmueble; o bien pueden optar por el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español del IRPF (creado por la denominada coloquialmente “Ley Beckham”).

En realidad, el extranjero inversor, solamente compra el bien inmueble para turismo residencial o para inversión, pero difícilmente adquirirá la residencia fiscal en España, ya que implicaría tener que residir más de 183 días en nuestro país y tributar por la renta mundial a un tipo de gravamen del 21,5% al 48%. Pues bien, de las tres opciones fiscales mencionadas es más beneficioso ser un no residente, tributando al 24% por el hecho de tener el bien inmueble en España (que podrá alquilarlo o disfrutarlo por si mismo).

Algunos países, como es el caso de Portugal, nuestro competidor más directo en programa de Golden Visa, ya han avanzado sobre la cuestión tributaria. Portugal ha creado una fiscalidad atractiva para los inversores; los consideran residentes por el mero hecho de tener una vivienda (habitação) y deberán satisfacer el IRPF a un tipo único del 20% y con determinadas exenciones.

Ante este panorama nos hacemos las siguientes preguntas: para potenciar la inversión inmobiliaria extranjera mediante el programa de Golden Visa, ¿debemos crear un régimen fiscal diferenciado y favorecedor para ellos? ¿Con ello se conseguiría incrementar la venta del stock de bienes inmuebles inmovilizados, las zonas turísticas, el empleo y el consumo? ¿O la política fiscal debería orientarse, en cambio, para que los nacionales pudiesen tener una vivienda digna, más que a rebajar la carga fiscal a los “grandes” inversores en pro de atraer su capital?

Los alquileres de la oclocracia

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar

Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 12 de septiembre de 2020

 

Es probable que aquellos que se planteasen construir para alquilar o rehabilitar ya no les salgan los números y aquellos que estén alquilando solo escojan como arrendatarios a los que más pueden pagar.

El fracaso de las políticas de vivienda desde la crisis de 2007 es muy evidente, con las familias con recursos más modestos expulsadas de la vivienda en propiedad (porque no se han promocionado lo suficiente las tenencias intermedias, disponibles desde 2015 en Catalunya) y con unos alquileres que prácticamente en toda España y, especialmente, en las ciudades donde las personas «tienen que vivir» (usualmente por motivos laborales) son más caros que ir devolviendo un préstamo hipotecario, además de que no se acaban de pagar nunca y de que vives en casa de otro.

Nos están llevando a una indeseable sociedad en la que solo los más ricos podrán ser propietarios y los demás, inquilinos; y se están tomando como modelos países como Suecia, Alemania, Dinamarca o los Países Bajos, en cuyas ciudades es más cara la vivienda que aquí o donde sus inquilinos viven más a menudo en infravivienda como en Austria, Bélgica, Francia o Luxemburgo (ambas Eurostat, 2018).

Nosotros, tras haber comparado y estudiado todos los regímenes de alquileres europeos y algunos de fuera del continente durante cuatro años, empezamos trabajando con la Generalitat en 2016 para regular integralmente un contrato de arrendamientos urbanos en el Código Civil de Catalunya, cuyo texto resultante fue consensuado en diversas sesiones de trabajo con entidades sociales y profesionales.

De todas las propuestas que trabajamos solo hubo tiempo de sacar un Índice de Precios de referencia en 2017, que desde entonces ha ido dando transparencia al mercado. Del resto del acuerdo, equilibrado para ambas partes, nada más se ha sabido hasta que, el pasado 9 de septiembre, el Parlament aprueba un sistema duro de control de rentas, en un entorno virtual y presencial oclocrático (que ya hemos ido viendo, también en otros ámbitos, desde 2013) con lemas como «Habéis firmado. Os estaremos vigilando» o llamando a una «Concentración ante el Parlament» el mismo día y hora que se debatía el texto; o con argumentos durante el debate como «así nos diferenciaremos más del Estado español». De aquel texto y de nuestros estudios ha pasado lo peor que podía pasar: no tocar nada más del modelo vigente que la renta y hacerlo de un modo duro que se ha evidenciado que no funciona cuando se ha intentado en otros países, en lugar de buscar una aproximación progresiva, pactada e incentivada (tributariamente, con verdaderas ayudas a la rehabilitación, etc.).

De nuevo, el trabajo de investigación, ignorado. Mientras que en Alemania desde los años setenta se ha impulsado un sistema suave de contención de actualización de las rentas, en 2015 intentaron endurecerlo con un control de la renta inicial (parecido al aprobado para Cataluña) y que los autores coinciden que no ha funcionado, como tampoco lo ha hecho el sistema de «renta congelada» de Berlín de febrero de 2020. Consecuencias: mercado sumergido (pago de «compensaciones» en negro), menor oferta de vivienda en alquiler y aumento de las compra-ventas, reducción de la movilidad de las familias al temer celebrar un nuevo contrato de arrendamiento y aumento progresivo de las rentas. Además, es probable que aquellos que se planteasen construir para alquilar o rehabilitar ya no les salgan los números y aquellos que estén alquilando solo escojan como arrendatarios a los que más pueden pagar, expulsando a los que menos tienen, como siempre, también del mercado de alquiler.

Hasta aquí solo les he hablado de la inconveniencia del texto. Pero es que, además, el contundente informe por unanimidad de 17-6-2019 del Consell de Garanties Estatutàries sobre el fallido y muy parecido RDL 9/2019, advierte de su inconstitucionalidad porque obligar a una renta va en contra de las bases de las obligaciones (artículo 149.1.8 de la Constitución española) en un contrato de arrendamientos urbanos porque es contrario al principio de libertad de pacto expresamente previsto en el art. 17.1 LAU. Y, podrán pensar, bueno, ¿pero es esta medida al menos suficiente para conseguir una vivienda más asequible? Tampoco, pues se han identificado hasta 34 elementos que deben tratarse para hacer una vivienda asequible, entre ellas una política de cohesión territorial para que nuestros jóvenes no deban abandonar los pequeños y medianos municipios para malvivir en grandes urbes para labrarse un futuro, y es necesario mucho estudio, reflexión y percepción de conjunto para comprenderlos y, quizás, menos agitación.

No sé, al final me pregunto si hay alguien que se preocupa realmente por conseguir una vivienda más asequible. Da más rendimiento a unos y a otros, tanto dentro como fuera del Parlament, la agitación por motivos políticos o sociales, usando esta vez a la vivienda, pero cualquier tema es bueno. De nuevo, tenemos lo que nos merecemos.

El covid-19 y el uso de la tecnología: necesidad y oportunidad. El proyecto socatel (H2020).

Dra. Blanca Deusdad Ayala

Articulo Publicado en Diari de Tarragona, 6 de septiembre de 2020

¿Nos podemos imaginar cómo hubiera sido el confinamiento en la década de los ochenta o incluso en la década de los noventa del siglo pasado? La tecnología, con el uso de redes sociales y, sobre todo, la posibilidad de las vídeo conferencias (FaceTime, Skype, Zoom o cualquier otra), nos ha hecho la vida mucho más llevadera y por encima de todo  ha evitado situaciones de total aislamiento. Las personas que tienen sus padres ancianos en otros países han podido mantener contacto y gestionar temas de cuidado, aliviando la soledad y la preocupación de ambas partes.

No obstante, cabe destacar que la brecha digital existente, generacional y también económica, se ha hecho todavía más evidente. Sin ninguna duda entre los más mayores, pero también y no solo, entre profesionales, como maestros y profesores de secundaria, que se han visto frente a la digitalización de su trabajo de un día para otro, sin tener todo el profesorado formación para ello.

En este nuevo contexto, la digitalización y el uso de las tecnologías emergentes aparecen como una herramienta crucial para poder hacer frente a la situación de confinamiento y superar la crisis mundial que está provocando la pandemia del COVID-19. La ambivalencia de los hechos, que describía el sociólogo Georg Simmel, nos lleva a plantearnos la crisis también como una oportunidad para digitalizar ciertos ámbitos burocráticos, agilizarlos, tener mayor comodidad a la vez que somos más eficientes en nuestro trabajo.

Sin embargo, es la propia sociedad, la ciudadanía, quien debe decidir y utilizar aquella tecnología que le es verdaderamente útil. No toda tecnología por el mero hecho de ser disruptiva es éticamente aceptable. La utilización de nuevas tecnologías con población vulnerable sin su previo consentimiento y, por ejemplo, deshumanizando los cuidados, es algo que como sociedad deberíamos debatir y reflexionar.

Cabe preguntarse cómo queremos utilizar la tecnología, tener autonomía en todo momento para decidir sobre ella e, incluso, ir un paso más allá: participando como ciudadanos/as y personas interesadas en el codiseño y coideación de las herramientas tecnológicas ‘a nuestro servicio’.

El proyecto europeo SoCaTel (H2020) sobre cocreación digital de servicios de cuidados para personas mayores y personas con discapacidad, coordinado por la Universidad Rovira i Virgili, es una propuesta para cocrear servicios de cuidados de forma digital con la participación de toda la ciudadanía. En la actualidad, SoCaTel está llevando a cabo una cocreación digital de servicios para paliar los efectos del COVID-19 y el confinamiento en adultos mayores en España e Irlanda. El método de participación se basa en la Cuádruple Hélice que implica la participación de todos los agentes implicados: personas mayores, familiares, profesionales, gestores, proveedores de servicios, responsables políticos e investigadores. Para conseguir con ello un proceso lo más inclusivo posible y donde todas las perspectivas se incluyan. El proceso está conducido por un facilitador y cada ciudadano/a puede participar cuando lo desee y en la medida que considere, tan solo se requiere de un ordenador o tablet para poder conectarse a la plataforma SoCaTel (http://platform.socatel.eu/ ).

SoCaTel incentiva la participación ciudadana en el diseño de herramientas digitales y, sobre todo, de una forma ágil y rápida da a conocer y pone de manifiesto las necesidades reales de la población, a la vez que da posibles respuestas para hacer frente a las mismas. Una innovación tecnológica aplicada que ha contado con el desarrollo de un equipo interdisciplinar y donde los aspectos sociales han estado liderando el desarrollo tecnológico.

Exclusión residencial en tiempos de pandemia

Núria Lambea Llop

Articulo Publicado en Diari de Tarragona, 12 de julio de 2020

La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a poner de relieve la especial vulnerabilidad que sufre el colectivo de personas sin hogar y personas en riesgo de exclusión residencial. Las medidas impuestas de confinamiento, de distanciamiento social y la necesidad de una mayor higiene, nos han hecho apreciar la estrecha relación existente entre el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna y adecuada, asequible y sostenible.

El colectivo al que nos referimos va mucho más allá de las personas “sintecho” que pernoctan en la calle o en albergues o refugios. Así, a pesar de que los últimos datos del INE contabilizan 22.938 personas sin hogar atendidas en 2012 en centros asistenciales de alojamiento y restauración, el VIII Informe de la Fundación Foessa (2019) estima en más de 4,5 millones las personas que se encuentran en una situación de vivienda inadecuada y en más de 2 millones las que residen en viviendas inseguras en España. Así pues, las personas sintecho, especialmente vulnerables y expuestas, personas que duermen al raso, en la calle o en albergues que les permiten pernoctar una o pocas noches, solo son la punta del iceberg de una problemática extendida a nivel internacional y con unas dimensiones mucho mayores. Personas sin vivienda (viviendo en refugios o centros especializados, saliendo de centros sanitarios o penitenciales, jóvenes extutelados, etc.), con una vivienda insegura (compartir piso de manera forzada, a pesar de ser amigos, conocidos o incluso familia, personas en riesgo de perder la vivienda por impago de alquiler o hipoteca o con tenencias de vivienda precarias, etc.) o una vivienda inadecuada (chabolas, viviendas en estado ruinoso o con falta de suministros básicos, vivir en condiciones de hacinamiento, etc.) completan este fenómeno. Los dos últimos casos son claros ejemplos de sinhogarismo oculto. Muchas de estas situaciones son fruto del hasta ahora (está por ver qué sucederá después de esta crisis sanitaria) proceso mundial imparable de crecimiento urbano, acompañado de un contexto de desempleo (que se ha agraviado actualmente) y de precariedad laboral, así como una falta de política de cohesión territorial.

Más allá de todas las consecuencias negativas que ha acarreado esta crisis sanitaria mundial para nuestra sociedad, muy especialmente las decenas de miles de fallecidos, también nos ha permitido percibir cómo Administraciones públicas y entidades del tercer sector se han unido para ofrecer alojamiento, higiene, alimentación, atención personal, etc. al colectivo sin hogar, poniendo a disposición albergues y pabellones u otras instalaciones. Muchos de los profesionales lo valoran como un gran trabajo y esfuerzo colectivo, y también como una experiencia positiva, puesto que ha permitido un trato directo y constante con estas personas. Asimismo, en muchos casos se han organizado actividades formativas, lúdicas, de atención social, sociosanitaria o de inserción laboral.

Lo que cabrá ver es si todas estas medidas tomadas serán meramente coyunturales y desaparecerán cuando finalice esta crisis (como el desmantelamiento de algunos pabellones) o si servirán como punto de inflexión para replantear los recursos y servicios que este colectivo vulnerable necesita. Todo ello sin dejar atrás todas las medidas estructurales que seguimos necesitando, como el aumento del parque de vivienda social en alquiler, la ampliación de las formas de acceder a una vivienda o la rehabilitación de viviendas, entre otras.

No tener hogar implica no disponer de una vivienda digna, adecuada y segura donde desarrollar plenamente la dimensión personal, familiar y social de cada uno; implica no poder ejercer otros derechos fundamentales, como la intimidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. El sinhogarismo es una evidencia visible del fracaso de las políticas de vivienda y de otras políticas sociales, y debemos hacerle frente con todos los instrumentos posibles.

 

Estudiar objetivamente la jurisprudencia

Lluc Font i Pomarol

Publicado en Diari de Tarragona, 14 de junio de 2020

Uno de los aspectos que ha caracterizado los últimos 20 años es la digitalización de gran parte de nuestra realidad cotidiana. Así, la mayoría de nuestras actividades diarias como son las relaciones sociales, las transacciones económicas o el ocio generan algún tipo de huella digital. Este hecho va ligado a la generación y almacenaje de grandes cantidades de datos. El ámbito judicial, no ajeno a esta tendencia, también es un buen ejemplo, ya que prácticamente todas las sentencias judiciales que se publican hoy en día en España pueden encontrarse, en formato digital, a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Solo para dar una idea del volumen que contiene, en un solo día pueden aparecer en el portal más de mil sentencias nuevas de promedio.

Todo este material digital presenta una buena oportunidad para poder extraer conocimiento no solo desde un punto de vista puramente estadístico, sino también desde la investigación y el estudio de la jurisprudencia. Naturalmente, esto conlleva un cambio en los métodos tradicionales de investigación, ya que el tipo de análisis que se pueda hacer de un número reducido de sentencias no es replicable a decenas de miles de ellas. Es tarea de la ciencia de datos desarrollar y proveer las herramientas que permitan hacer factible estudiar la jurisprudencia masivamente y de manera exhaustiva.

Si bien un conjunto de textos no es precisamente lo que imaginamos cuando pensamos en una base de datos, obtener una base de datos que asocie una sentencia con varios campos como podrían ser la fecha de publicación, el nombre del magistrado ponente o el tribunal, es posible gracias a las técnicas de procesamiento del lenguaje existentes. De todas formas, centrarse en los datos descriptivos no es la única fuente a la que la ciencia de datos puede acudir. El análisis del texto y de la narrativa pueden ser también muy útiles.

Los recientes asistentes virtuales que reconocen nuestras órdenes o los teclados de nuestros móviles que predicen la siguiente palabra que vamos a escribir son ejemplos de aplicaciones del procesamiento del lenguaje. Algunas de estas técnicas, que se enmarcan en la inteligencia artificial, han ‘aprendido’ a caracterizar los textos con ciertas palabras clave o temáticas. De una manera esquemática, el algoritmo cuantifica el grado de pertenencia de un texto a diferentes temas a partir de las frecuencias con que aparecen ciertas palabras. Para poner un ejemplo, dado un conjunto de periódicos, el algoritmo atribuiría un determinado listado de temáticas a todos ellos (política, economía, deportes, etc.) pero balanceados de manera diferente según el periódico. Este tipo de algoritmos son especialmente útiles para el clasificado automático de textos. Pero se puede ir un paso más allá y aprovechar lo que ‘sabe’ el algoritmo sobre el contenido de los textos para medir cómo éste cambia a lo largo del tiempo.

 De este modo, y volviendo a las sentencias, uno podría usar lo expuesto anteriormente para medir la irrupción de determinados conceptos relacionados con nuevas problemáticas o con el uso de nueva legislación, por ejemplo. Un caso que ejemplifica una situación como esta, podría ser la crisis financiera de 2007. Esta fue especialmente crítica en términos de la pérdida de vivienda, cosa que se vio reflejada en una respuesta por parte del sistema judicial. En un escenario como este, sería interesante medir los cambios en el contenido de las sentencias.

 Es probable que muchas de las respuestas que este tipo de metodología pueda dar ya hayan sido obtenidas por expertos en Derecho. Aun así, el hecho de medir de manera exhaustiva y sobre todo cuantitativa permite hacer comparaciones de un modo más preciso y objetivo, avanzando de este modo en el estudio de la jurisprudencia.

 

 

 

 

 

 

Replanteando el rol de los administradores de fincas a raíz del COVID-19

Gemma Caballé Fabra

Publicado en Diari de Tarragona, 19 de mayo de 2020

La crisis multidimensional provocada por el COVID-19 ha afectado la dinámica de las comunidades de vecinos. Esto se aprecia no solo en las actividades de ocio o de entretenimiento en balcones y terrazas como consecuencia del confinamiento forzado, sino también en las iniciativas solidarias entre los vecinos que han surgido a raíz de la crisis. Por ejemplo, hay vecinos que se ofrecen voluntarios para hacer la compra de alimentos o medicinas para personas mayores o con problemas de movilidad, para ayudar en las tareas de la escuela de los niños y niñas, para hacer video-llamadas con las personas que viven solas, para compartir wifi o dispositivos electrónicos, etc. Estas iniciativas que han surgido en las comunidades merecen una atención especial dado que en España el 66,1% de las personas viven en pisos. De hecho, España es el segundo país de Europa con la tasa más alta de personas que viven en pisos después de Latvia.

Por lo tanto, esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podrían organizarse estas comunidades a partir de ahora para que lo que ha nacido de forma “espontánea” como consecuencia de esta crisis, pueda convertirse en “estructural” y que, de esta forma, las comunidades de vecinos pudiesen contar con una red organizada de apoyo o solidaridad que vaya más allá del confinamiento.

Los profesionales que tienen encomendada por ley la gestión de las comunidades de propietarios son los administradores de fincas. Por ello, estos profesionales podrían tener un rol destacado como gestores de esta red de apoyo o solidaria en las comunidades. De hecho, durante el estado de alarma, la actividad de los administradores de fincas se ha considerado como esencial de conformidad con en el RDL 10/2020, dado que han sido los intermediarios entre las medidas adoptadas por el gobierno y los ciudadanos que residen en las comunidades, se han encargado de garantizar el correcto funcionamiento de estas, de la reparación las averías y los suministros, del cierre de algunos espacios comunes y de la limpieza e higienización de estos, entre otras acciones.

La posible profesionalización de estas redes solidarias o de apoyo se podría llevar a cabo, por ejemplo, a través de la creación de un órgano en la comunidad formado no solo por los propietarios (como ocurre con la junta de propietarios), sino por cualquier vecino con independencia del tipo de tenencia que tenga sobre la vivienda y gestionado o liderado por el administrador de fincas de aquella comunidad. Algunas de las funciones de este órgano de asistencia, con la eventual ayuda de terceros profesionales y con el consentimiento de los afectados, podrían ser la de elaborar un censo de personas vulnerables en términos sanitarios o de accesibilidad, la organización y puesta disposición de servicios de asistencia sanitaria y de servicios sociales para las personas que requieran de estos servicios en la comunidad, la promoción del uso de dispositivos electrónicos y la domótica (IoT) en las viviendas, la gestión de las acciones solidarias, la elaboración de protocolos específicos en las comunidades donde residan personas vulnerables y víctimas de violencia de genero, entre otras.

En estos casos, los administradores de fincas debidamente formados y colegiados, como profesionales de la vivienda que son, no solo ejercerían funciones privadas como hasta ahora, sino que también estarían ejerciendo funciones públicas y dando efectividad al derecho a una vivienda digna y adecuada reconocido en el art. 47 de la Constitución.